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Nobel para el Tribunal de las Aguas de Valencia
¿Qué tienen en común la desertificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el conflicto de Darfur, la contaminación de la biosfera, la sobreexplotación de los caladeros del atún rojo, los incentivos cortoplacistas de Wall Street y el previsible futuro de las cajas de ahorros españolas?. La respuesta se encuentra en un arquetipo sistémico identificado inicialmente por el ecólogo Garrett Hardin, llamado “Tragedia de los bienes comunales” o por su acrónimo TBC en un artículo publicado en la revista Science en 1968.La tesis central de Hardin es que cada ganadero (y sin duda cada pescador) racional si tiene acceso libre a un espacio común, aumentará su ganado (o sus capturas) hasta colapsar el recurso base de su actividad (es decir, los pastos o los caladeros).
La TBC describe situaciones donde aquellas decisiones que son correctas y adecuadas para cada parte de un sistema, son incorrectas e inadecuadas para el sistema en su conjunto. La TBC permite entender y abordar los problemas generados por decisiones locales aparentemente lógicas y racionales que resultan totalmente ilógicas e irracionales cuando abarcamos las decisiones locales con una visión más amplia, observando los acoplamientos e interacciones de las partes en el todo. He de señalar que la TBC tiene aspectos isomórficos muy interesantes con el famoso “Dilema del Prisionero” de la Teoría de Juegos que he tratado en posts anteriores.
Así, la desertificación a la que se ve abocada las Tablas de Daimiel a causa de la sobreexplotación de sus acuíferos, el conflicto de Darfur, la contaminación de la biosfera, etc. tienen un nexo común: (1) un “bien común”, esto es, un recurso compartido [el recurso puede ser natural o no] por un grupo de personas, organizaciones o países y (2) individuos, organizaciones o países que tomando decisiones con libertad obtienen ganancias en el corto y medio plazo explotando el recurso compartido sin pagar [y sin comprender] el coste de esa explotación [sobreexplotación] salvo en el largo plazo.
Como ejemplo a estas situaciones nombradas y otras muchas abundantes se encuentra la región africana del Sahel, en el Subsahara, antaño una zona fértil. En un estudio del Worldwatch Institute de 1986 citado por el sistémico Peter Senge, se analizaba pormenorizadamente las causas del colapso de la zona. Así, a mediados del siglo XX albergaba a más de cien mil pastores y más de medio millón de cabezas de ganado (cebúes). Hoy es un desierto cuyo rendimiento es apenas una fracción de aquel entonces. Las gentes que viven allí apenas subsisten con la continua amenaza de la sequía y la hambruna. La TBC del Sahel se originó con el crecimiento de la población y los rebaños entre las décadas de los años 20’s y 70’s. El crecimiento se aceleró de 1955 a 1965 a causa de precipitaciones excepcionalmente intensas y la asistencia de organizaciones de ayuda internacional que financiaron gran cantidad de pozos profundos. Cada pastor del Sahel tenía incentivos para expandir su rebaño de cebúes, por razones económicas y de prestigio social. Mientras las tierras comunes de pastoreo tenían tamaño suficiente para soportar este crecimiento, no hubo problemas. Pero a principios de los años 60’s el pastoreo empezó a ser excesivo y la vegetación de la zona empezó a ralear. Cuanto más escaseaba la vegetación, más excesivo era la presión del pastoreo, hasta que se llegó al extremo en que el ganado consumía más follaje del que podía generar la comarca. La desertificación se reforzó cuando la mermada vegetación permitió que el viento y la lluvia erosionaran el terreno. Crecía menos vegetación, la cual era consumida vorazmente por los rebaños, alentando aún más la desertificación. Este “círculo vicioso” continuó hasta las prolongadas sequías de finales de los 60’s y principio de los 70’s cuando había perecido del 50 a 80 por ciento del ganado y buena parte de la población del Sahel estaba en la indigencia.
Así, volviendo a los ejemplos del principio, en todas estas situaciones la lógica de la “decisión local” conduce inexorablemente al desastre colectivo, un desastre que cuando se advierte su magnitud, provocada por un “error común”, es demasiado tarde para salvar la totalidad del sistema y todos los individuos o partes del sistema colapsan con él. Además, como nos recuerda Peter Senge, “no basta con que un individuo vea el problema; el problema no se puede resolver a menos que todos tomen las decisiones conjuntas por el bien de la totalidad”.
Garrett Hardin exponía en su artículo (focalizado en la relación entre degradación ambiental y sobrepoblación) que la única solución ante la TBC era la centralización, el control y administración central de los recursos a fin de evitar que las decisiones locales infligieran un daño irreparable al conjunto.
Desde un enfoque sistémico esa puede ser una solución, en efecto, pero como a menudo sucede con el Pensamiento Sistémico, existe un principio sistémico básico llamadoequifinalidad que nos permite no quedar prisionero de una única solución y por tanto podemos navegar por varias alternativas en busca de la más equilibrada y equitativa para el conjunto. Así, además de la centralización existen otros enfoques para resolver la TBC. A mí personalmente me parece interesante explorar las posibilidades del enfoque sugerido por Peter Senge: el establecimiento de señales que informen a los individuos implicados en un “bien común”. De tal modo se pueden diseñar indicadores que alerten a los actores locales que existe un “bien común” en peligro y en consecuencia que se ponga en práctica la autocontención respecto a la búsqueda del beneficio local (por ejemplo algo que está sugiriendo el presidente Barack Obama para que los altos ejecutivos de Wall Street se contengan y moderen sus elevados bonus e incentivos cortoplacistas, al parecer con poco éxito). Cambiando de ámbito, un ejemplo práctico de este enfoque se encuentra en el diseño del sistema Just in Time del ingeniero japonés Taiichi Ohno de la empresa Toyota: cuando existe un problema de calidad, el problema se ha de hacer visible para toda la organización, parando si es necesario la línea de producción a fin de evidenciar el problema y no ocultarlo a fin de resolverlo y evitar que el problema de calidad termine en una catástrofe mayor (mejor que el problema de calidad afecte a una única pieza o vehículo antes de que afecte a todas las piezas o vehículos fabricados en un turno).
Por otra parte, esta dificultad de “visualizar el coste” en la TBC hace difícil que un enfoque orientado a un “sistema de mercado” pueda regular de manera eficiente el “bien común”, pues al no existir un impacto a corto y medio plazo del coste que suponen las decisiones locales de cada individuo, impide que se traslade a los precios la sobreexplotación del bien común hasta que es demasiado tarde.
Con esas estábamos cuando hace mes y medio aproximadamente, el pasado 11 de octubre de 2009, se concedió el premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom) profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Indiana (EE.UU.), que comparte el premio con el también estadounidense Oliver E. Willliamson, de la Universidad de Berkeley. Ostrom ha estudiado sobre el terreno durante varias décadas la administración local de los bienes comunales, desde los sistemas de irrigación en Filipinas, Nepal y España (Tribunal de las Aguas de Valencia y Consejo de Hombres Buenos de Murcia), los pastos de montaña en los Alpes, la pesca de bajura en Turquía y la seguridad ciudadana en los EE.UU. y ha llegado a una conclusión rotunda: en ciertos casos, ni el mercado ni el estado son lo mejor para garantizar la sostenibilidad de los recursos. Como Ostrom afirma en su libro Governing the Commons: «Hay comunidades de individuos que se han basado en instituciones que no se asemejan ni al Estado ni al mercado para gobernar algunos sistemas de recursos durante largos periodos de tiempo con un razonable grado de éxito».
Como bien resume Pablo Pardo en su artículo, durante su trabajo de investigación Ostrom encontró tres condiciones previas y ocho condiciones normativas para que se dé una gestión comunitaria y eficiente de los recursos comunales.
Las condiciones previas son: (1) El recurso gestionado de forma comunal debe tener una importancia absoluta para la supervivencia económica del grupo; (2) la sociedad que gestiona ese recurso debe estar muy cohesionada y (3) los partícipes en el sistema deben tener un proyecto de futuro común que abarque a varias generaciones. Es decir: los hijos de los actuales miembros de la comunidad mantendrán el sistema porque tendrán la misma forma de vida.
Mientras que las ocho condiciones normativas son:
1.– Fronteras muy definidas. El recurso que se explota de manera comunal debe estar bien delimitado, igual que las personas que tienen derecho a beneficiarse de él. Esta circunstancia excluye de este modelo, por ejemplo, a la atmósfera (con lo que las emisiones de CO2 también quedan fuera).
2.– Las normas de uso deben adaptarse a las circunstancias de cada lugar. Para Ostrom, el mejor ejemplo de esto son los diferentes sistemas de reparto de agua para riego en Alicante, Valencia, Murcia y Orihuela. Así que la centralización y la creación de grandes mercados no genera necesariamente más eficiencia.
3.– Los usuarios del recurso (o la mayor parte de ellos) también deben participar en las decisiones que se toman con respecto a su gestión. Es decir: la comunidad no sólo usa, sino que también es dueña.
4.– Debe haber una supervisión efectiva del recurso, llevada a cabo bien por monitores que respondan a la comunidad de usuarios, bien por la propia comunidad de usuarios.
5.– Las sanciones a los que violan las normas de uso serán impuestas por la propia comunidad o por autoridades que respondan ante ésta. Para Ostrom, éste es «el eje del problema: en estas robustas instituciones, la supervisión y las sanciones no son realizadas por autoridades externas, sino por los mismos partícipes». Igualmente sorprendente para Ostrom es el hecho de que los sistemas de sanciones son sofisticados y graduales, empezando con penalizaciones muy bajas a pesar de que están en juego recursos indispensables para las comunidades.
6.– Los sistemas de resolución de conflictos deben ser claros, simples, aceptados por todos e inapelables. El mejor ejemplo es el Tribunal de las Aguas valenciano.
7.– El derecho de las comunidades a crear y aplicar las normas de gestión de esos recursos es respetado por las autoridades estatales.
8.– La organización de grandes bienes comunales se lleva a cabo por medio de múltiples niveles de organizaciones integradas entre sí, que se encargan de la supervisión, resolución de conflictos, aplicación de decisiones y regulación. Una vez más, Ostrom considera que el mejor ejemplo de ese sistema son las huertas del Levante español.
Como valenciano me congratula que este premio Nobel recaiga en una investigadora de campo que ha fundamentado gran parte de su trabajo en una institución centenaria tan arraigada en nuestro pueblo como es el Tribunal de las Aguas, un tribunal de derecho consuetudinario que recientemente ha sido declarado por la UNESCO, junto con el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde aquí quiero rendir un pequeño homenaje sistémico a esta institución tan querida por los valencianos y a sus esforzados agricultores que hacen posible que el famoso dicho tenido por cierto “lo que es del común, no es de ningún” no sea una verdad universalmente verificada, pues como afirma la reciente premio Nobel: «Hemos visto en estudios tanto en el laboratorio como el terreno que algunas personas pueden ser muy puñeteras, pero que la mayor parte de los individuos son seres capaces de distinguir los matices. Si se les presenta una situación en la que pueden desarrollar confianza y reciprocidad, lo harán».
Para saber más: The Tragedy of the Commons. Artículo original de Garrett Hardin en Science [inglés] - Artículo en castellano
Garrett Hardin en Wikipedia [inglés]
Tragedia de los comunes en Wikipedia
Artículo en el diario El País sobre Elinor Ostrom
Artículo de Pablo Pardo en el Suplemento Natura del diario El Mundo
Elinor Ostrom en Wikipedia
Oliver E. Williamson en Wikipedia
El drama de los bienes comunes. La necesidad de un programa de investigación. Horacio Capel. Universidad de Barcelona
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en Wikipedia
El Sahel en Wikipedia
El conflicto de Darfur en Wikipedia
Derecho Consuetudinario en Wikipedia
Consejo de Hombres Buenos de Murcia [web oficial]
Tribunal de las Aguas de Valencia [web oficial]
En la década del ochenta Philip Crosby popularizó el concepto de Cero Defecto como orientación para el control de calidad. Este enfoque establece la meta de resultados que carezcan de errores al 100 por ciento. Crosby sostiene que si se establece un nivel “aceptable” de defectos, ello tiende a provocar que dicho nivel (o uno más alto) se conviertan en una profecía que se cumple; si los empleados saben que está “bien” trabajar dentro de un nivel determinado de errores, llegarán a considerar que ese nivel es la “norma”. Es evidente que dicha “norma” está por debajo de lo óptimo.
